La angustia por las tarifas expone el costo oculto del control estatal de precios

La agenda

Una encuesta publicada por Perfil ubica el pago de los servicios públicos —luz, gas y agua— entre las principales preocupaciones económicas de los argentinos consultados. El relevamiento aparece en un momento en que el propio medio encuadra la situación económica general como una de las fuentes de angustia ciudadana más extendidas, de cara al ciclo electoral de 2027.

El dato no aparece aislado: la boleta de los servicios básicos compite con el resto de los gastos fijos del hogar —alquiler, alimentos, transporte— por una porción de ingresos que, según el mismo relevamiento citado por Perfil, los consultados perciben como insuficiente para cubrir sin sacrificios. La encuesta no desagrega, en la nota disponible, qué proporción exacta de los hogares identifica a las tarifas como la primera preocupación frente a otras variables macroeconómicas, pero sí la coloca entre los ítems de mayor consenso negativo. Esa ubicación es, en sí misma, la noticia: la factura de los servicios dejó de ser un gasto de fondo y pasó a ocupar un lugar central en la conversación pública sobre el bolsillo.

El análisis liberal

El malestar por el precio de los servicios públicos no nace en el momento en que la factura llega al buzón. Nace mucho antes, en la estructura de decisión que fija ese precio. Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), explica que el sistema de precios funciona como un mecanismo de comunicación: cada precio condensa información dispersa sobre costos de producción, disponibilidad de insumos y preferencias de consumo que ningún planificador puede reunir por sí solo. Cuando el precio de la energía o del agua se fija por decreto, en lugar de surgir del ajuste entre oferta y demanda, esa función de información se rompe. El usuario deja de saber cuánto cuesta realmente generar la electricidad que consume, y el prestador deja de recibir la señal que le indicaría cuánto invertir en mantenimiento y expansión de redes.

Mises, en La acción humana (1949, cap. XXX), es específico sobre lo que ocurre después: un precio fijado por debajo del nivel de equilibrio no reduce el costo real de proveer el servicio, solo lo traslada. Si la tarifa no cubre el costo de generación, transporte y distribución, la diferencia la paga alguien: el fisco vía subsidios, el usuario vía impuestos generales, o el sistema entero vía desinversión y deterioro de la infraestructura. La angustia que hoy capta la encuesta de Perfil es, en gran medida, la factura diferida de años de ese traslado: tarifas contenidas políticamente que empujaron la brecha hacia adelante hasta que el ajuste se volvió inevitable y, por eso mismo, más brusco.

Bastiat ofrece la central para entender por qué ese mecanismo resulta políticamente atractivo a pesar de su costo. En Lo que se ve y lo que no se ve (1850), distingue entre el efecto inmediato de una medida —la tarifa congelada, visible y agradecida por quien la recibe— y sus efectos indirectos, que no se ven con la misma nitidez: la red eléctrica que no se renueva, el gasoducto que no se amplía, el impuesto inflacionario que financia el subsidio energético y encarece todo lo demás. El votante percibe el alivio tarifario de corto plazo; no percibe con la misma claridad que ese alivio se paga, con intereses, más adelante.

Ese desfase temporal entre costo visible y costo diferido es precisamente el terreno donde se explica la angustia que refleja la encuesta: no es solo el monto de la factura, sino la acumulación de años de señales de precios distorsionadas que ahora convergen en un ajuste que se siente, para el usuario, repentino e injusto, aunque en realidad sea el resultado tardío de una decisión tomada mucho antes.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer lugar, los usuarios residenciales que hoy enfrentan el costo acumulado de años de tarifas contenidas: pagan de una sola vez, en un contexto de ingresos ya ajustados, lo que debió trasladarse de forma gradual. Pierden también las empresas prestadoras de servicios públicos, que durante el período de precios controlados postergaron inversiones en mantenimiento y expansión de redes, y ahora cargan con infraestructura deteriorada y una demanda de actualización tarifaria que genera resistencia social.

Gana, en el corto plazo, cualquier gestión política que haya sostenido el congelamiento mientras estuvo vigente: capitalizó el alivio inmediato y visible sin asumir el costo del ajuste posterior, que recae sobre la gestión siguiente. Pierde, en el mediano plazo, la calidad del servicio en sí misma: sin señales de precio que reflejen el costo real, la inversión en generación y distribución tiende a quedar por debajo de lo necesario, lo que se traduce en cortes, demoras en la expansión de redes y una brecha de infraestructura que termina pagando el conjunto de los usuarios, independientemente de cómo voten.