El RIGI vuelve a demostrar que el privilegio selectivo no es apertura

La agenda

El Gobierno nacional formalizó la aprobación de otro proyecto bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con epicentro en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales de Neuquén. Se trata de un proyecto petrolero conjunto de Pluspetrol y GyP (Gas y Petróleo del Neuquén, la petrolera estatal provincial) por u$s12.000 millones, que se suma a la lista de iniciativas que accedieron al esquema de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera creado por la Ley Bases.

El RIGI, vigente desde 2024, ofrece a los proyectos que superan un umbral mínimo de inversión un tratamiento impositivo diferencial —alícuotas reducidas de Ganancias, amortización acelerada, exención de derechos de importación y estabilidad normativa por treinta años— respecto del régimen general al que están sujetas el resto de las empresas que operan en el país. La aprobación del proyecto Pluspetrol-GyP se enmarca en esa arquitectura: el Estado nacional certifica que la iniciativa cumple los requisitos de inversión y le otorga, por decreto, un marco tributario distinto del que rige para cualquier otra firma del sector energético que no alcance ese piso de capital comprometido.

El análisis liberal

El primer punto a establecer, antes de cualquier juicio, es qué tipo de intervención es el RIGI. No es una baja de impuestos: es una baja de impuestos condicionada a un umbral de inversión y otorgada caso por caso mediante acto administrativo. Esa distinción no es menor. Adam Smith, en el Libro IV de La riqueza de las naciones (1776), dedica su crítica más extensa al sistema mercantil no porque el comercio sea malo, sino porque el privilegio sectorial —la exención, la licencia, la ventaja otorgada por decreto a un actor particular— distorsiona la asignación de capital hacia donde el poder político decide y no hacia donde el consumidor, con su gasto, señala que el recurso vale más. El RIGI reproduce esa estructura: no reduce la carga tributaria general del sistema argentino, que sigue siendo una de las más altas de la región para quien no califica, sino que selecciona ganadores según una vara de escala que solo pueden saltar corporaciones de gran porte.

Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), explica por qué ese mecanismo de selección discrecional es inferior al de precios libres: el conocimiento sobre dónde conviene invertir está disperso entre millones de actores, y ningún comité de aprobación —por técnico que sea— puede replicar esa información mejor que la señal agregada de precios relativos no distorsionados. Cuando el Estado decide qué proyecto cumple el umbral y cuál no, reemplaza ese cálculo descentralizado por un juicio centralizado que, aunque bienintencionado, no tiene forma de saber si el capital destinado a ese proyecto puntual rinde más que en cualquier otro uso alternativo no favorecido por el régimen.

El punto no es que atraer inversión en Vaca Muerta sea indeseable. El punto es que un régimen general de baja carga tributaria y estabilidad normativa —aplicable a cualquier firma, grande o pequeña, sin necesidad de calificar ante una ventanilla— cumpliría el mismo objetivo sin el costo adicional de la discrecionalidad: sin crear una casta de empresas con privilegios que el resto no tiene, y sin que la decisión de qué proyecto merece un tratamiento distinto quede en manos de un funcionario en lugar de en manos del mercado.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en lo inmediato, Pluspetrol y GyP, que acceden a un marco de estabilidad fiscal y cambiaria por tres décadas del que no goza ninguna otra empresa del sector que no alcance el umbral de inversión exigido. Gana también la provincia de Neuquén, que ve consolidada su participación en un proyecto de magnitud a través de su petrolera estatal.

Pierden, en cambio, las empresas medianas y pequeñas del sector energético que operan bajo el régimen general, sin acceso a esos beneficios diferenciales, y que compiten en desventaja tributaria frente a quienes sí lograron calificar. Pierde también, de manera más difusa, el principio de igualdad ante la ley: cada nueva aprobación consolida la idea de que el tratamiento fiscal en la Argentina no depende de una regla estable y general, sino de la capacidad de una firma para cumplir un umbral de capital y obtener un decreto a medida. Y pierde, a largo plazo, cualquier intento futuro de simplificar el sistema tributario general, porque cuanto más se expande el universo de proyectos RIGI, menor es el incentivo político para bajar la carga impositiva de base que paga el resto de la economía.