La confianza empresarial se desploma y arrastra la inversión en capital humano

La agenda

El índice de confianza empresarial de la industria manufacturera se ubicó en -18,9% en septiembre, según el relevamiento difundido por Perfil. El dato confirma que el sector fabril sigue leyendo el escenario con pesimismo: las firmas que responden la encuesta no perciben condiciones favorables para ampliar producción, contratar personal ni sostener programas de entrenamiento interno. Un índice negativo de esta magnitud no es un capricho estadístico: refleja la expectativa empresarial sobre el retorno futuro de cualquier desembolso de capital, incluido el capital humano que se forma puertas adentro de la planta.

En paralelo, el economista Roberto Cottani advirtió que “no se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”, en referencia a los límites de los instrumentos de estabilización forzada sobre precios y salarios. La declaración importa para esta columna porque conecta dos fenómenos que rara vez se leen juntos: la inestabilidad de precios que persiste pese a los intentos de contenerla y el deterioro simultáneo de la confianza fabril. Ambos datos describen el mismo síntoma desde ángulos distintos: un entorno donde el empresario no puede calcular con certeza el valor futuro de invertir, ni en maquinaria ni en gente.

El análisis liberal

La confianza empresarial no es un estado de ánimo: es un precio implícito sobre el futuro. Hayek explicó en El uso del conocimiento en la sociedad (1945) que los precios condensan información dispersa que ningún planificador puede reunir por decreto; el índice de confianza cumple una función análoga, agrega las expectativas privadas de miles de decisores sobre si vale la pena comprometer recursos hoy para obtener un retorno mañana. Cuando ese indicador cae por debajo de cero de forma sostenida, lo que se está comunicando es que el horizonte de cálculo económico se acortó: la firma prefiere esperar antes que comprometer capital, y el capital humano es la primera partida que se recorta porque su retorno es el más diferido de todos.

Gary Becker, en Human Capital (1964), distingue entre entrenamiento específico —el que solo sirve dentro de la firma que lo paga— y entrenamiento general —el que el trabajador puede llevarse a cualquier empleador—. La empresa solo financia entrenamiento específico cuando confía en retener al trabajador el tiempo suficiente para amortizar la inversión. Un índice de confianza en terreno tan negativo como el de septiembre es, en términos de Becker, una señal de que el horizonte de retención esperado se acorta: la firma no sabe si seguirá produciendo al mismo ritmo, así que directamente discontinúa la capacitación interna antes que arriesgar un desembolso que no podrá recuperar.

Robert Lucas, en On the Mechanics of Economic Development (1988), ubica la acumulación de capital humano como el motor de crecimiento de largo plazo, por encima incluso de la acumulación de capital físico. Pero esa acumulación no ocurre en el vacío: depende de que individuos y empresas decidan invertir tiempo y dinero en adquirir destrezas con la expectativa de un retorno futuro razonablemente previsible. Cuando la macroeconomía licúa esa previsibilidad —vía inflación persistente, como señala Cottani, o vía incertidumbre regulatoria sobre el propio sector fabril—, el mecanismo de Lucas se traba: no es que la gente deje de querer aprender, es que el cálculo de rentabilidad de aprender se vuelve imposible de hacer con información confiable.

Acá aparece la pieza que la lectura convencional suele omitir: la inflación y la incertidumbre no son accidentes climáticos, son el resultado de decisiones de política monetaria y fiscal que distorsionan la estructura de precios relativos. Mises, en La acción humana (1949, cap. XVII), explica que la expansión monetaria sostenida destruye la función calculadora del dinero: los empresarios dejan de poder distinguir una señal genuina de demanda de un espejismo inflacionario, y ante la duda, posponen toda inversión de maduración larga, siendo la formación de personal la primera en la lista de recortes porque sus frutos tardan años en manifestarse.

Thomas Sowell, en Knowledge and Decisions (1980), agrega un matiz central para la educación técnica: el conocimiento relevante sobre qué destrezas necesita el mercado está disperso entre miles de empleadores, no concentrado en ningún ministerio. Cuando el aparato estatal de formación profesional sigue financiando la misma currícula y los mismos cupos sin que la señal de confianza empresarial —que es, justamente, el vehículo de esa información dispersa— llegue a las aulas, el sistema de formación técnica queda produciendo egresados para una demanda laboral que ya no existe en esos términos. El monopolio burocrático de la oferta educativa no se ajusta a la misma velocidad que el empresario privado que ya frenó la contratación.

La lectura rival, de cuño keynesiano, sostendría que la solución pasa por un estímulo fiscal que reactive la demanda agregada y, con ella, la confianza. Esa interpretación confunde el síntoma con la causa: el problema no es una caída pasajera de consumo, sino la imposibilidad de calcular con precios estables, algo que ningún gasto público adicional resuelve, porque el gasto mismo se financia con el impuesto inflacionario que erosionó la confianza en primer lugar. Otra lectura, más corporativa, pediría subsidios directos a la capacitación empresarial para compensar el freno privado. Pero un subsidio no restaura la información que el índice de confianza está transmitiendo: si el problema de fondo es la imposibilidad de calcular con certeza, financiar artificialmente la capacitación solo posterga el ajuste sin corregir la causa que lo originó.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer lugar, los trabajadores jóvenes y los recién ingresados a la industria, que son quienes habitualmente reciben el grueso de la capacitación específica: cuando la firma discontinúa esos programas, son ellos los que quedan con menos destrezas transferibles y menos posibilidades de ascenso interno. Pierde también el sistema de formación técnica estatal, que sigue emitiendo señales curriculares desacopladas de lo que el sector productivo efectivamente demanda, y que corre el riesgo de profundizar ese desacople si no incorpora con mayor velocidad la información que el propio índice de confianza empresarial está revelando.

Gana, en cambio, quien pueda capitalizar la incertidumbre ajena: las consultoras y oferentes privados de capacitación de ciclo corto, que no dependen de la planificación de largo plazo de la gran industria y pueden ajustar su oferta formativa con mayor rapidez a lo que el mercado laboral efectivamente está pidiendo en el corto plazo. También gana, en un sentido más estructural, cualquier actor —empresa o trabajador— que logre operar con horizontes de decisión más cortos y menos dependientes de la estabilidad macroeconómica, porque es quien mejor puede adaptarse a un escenario donde el cálculo económico de largo plazo se volvió, por ahora, extremadamente difícil de sostener.