Los rectores desafían al Gobierno y exponen el costo real de la autonomía universitaria

La agenda

Los rectores de las universidades nacionales respondieron al Gobierno que la disputa actual “no es un conflicto con las universidades, sino con la ley”. La frase, pronunciada en un comunicado coordinado del cuerpo de rectores, busca correr el eje del enfrentamiento: según esta lectura, el Gobierno no estaría negociando con una corporación sectorial sino desconociendo un marco normativo vigente que regula el financiamiento y la autonomía de las casas de altos estudios.

La respuesta llega en un momento de escalada entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público, donde la discusión de fondo excede el reclamo salarial puntual: se trata de quién define las reglas de financiamiento, actualización presupuestaria y gobierno de las universidades. Que los rectores cierren filas en bloque —en lugar de negociar individualmente, institución por institución— es en sí mismo un dato político relevante: revela una estructura de representación colectiva que actúa como bloque de presión frente al Estado nacional, antes que como conjunto de más de cincuenta unidades académicas con intereses y situaciones financieras distintas entre sí.

El análisis liberal

El primer error de encuadre, visible en ambos lados del conflicto, es tratar a “la universidad” como un actor único con un interés homogéneo. Sowell en Knowledge and Decisions (1980, cap. 1) advierte precisamente contra esta ficción: las decisiones económicas y sociales nunca las toma “el sistema” en abstracto, sino individuos concretos con información parcial y dispersa, actuando bajo reglas institucionales que premian o castigan conductas específicas. El conflicto no es entre “el Gobierno” y “las universidades”: es entre una estructura de financiamiento estatal centralizado y los incentivos de rectores, gremios docentes y estudiantes que dependen de esa estructura para sostener sus posiciones.

Cuando los rectores dicen que el conflicto es “con la ley”, están señalando algo cierto desde el punto de vista formal —existe un marco normativo de financiamiento universitario— pero omiten la pregunta de fondo: ¿a quién financia realmente ese marco legal, a la oferta burocrática o a la demanda soberana del estudiante? Hay una distinción conceptual relevante entre financiar instituciones (edificios, plantas docentes, estructuras de gobierno universitario) y financiar la elección educativa del individuo. El modelo de universidad pública gratuita y centralizada que defienden los rectores es, estructuralmente, financiamiento a la oferta: el presupuesto llega a la institución, no al estudiante, y la institución decide cómo asignarlo sin que el usuario tenga mecanismo de salida ni de voto con los pies.

Esa arquitectura genera un problema de acción colectiva que Buchanan y Tullock describen en El cálculo del consenso (1962, cap. 10): los beneficios de la autonomía institucional —la capacidad de fijar planes de estudio, designar autoridades, administrar presupuesto— se concentran en el cuerpo de rectores, decanos y gremios docentes, mientras los costos de cualquier ineficiencia se diluyen entre millones de contribuyentes que no tienen asiento en esa mesa de decisión. Un bloque de rectores que actúa unido frente al Estado no es necesariamente la voz del “capital humano nacional”: es, en términos de public choice, un grupo de interés concentrado defendiendo su presupuesto frente a un pagador difuso.

Esto no implica que el reclamo carezca de sustento legal ni que el ajuste presupuestario, si lo hubiera, sea automáticamente deseable. Implica, sí, que la discusión no puede saldarse apelando únicamente a la letra de la norma: una ley de financiamiento universitario puede ser perfectamente legal y, al mismo tiempo, estructuralmente ineficiente si perpetúa un esquema donde quien paga no decide y quien decide no paga.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los rectores y el cuerpo directivo de las universidades nacionales: la unidad de acción colectiva fortalece su posición negociadora frente al Ejecutivo y traslada el debate al terreno jurídico, donde la discusión sobre eficiencia presupuestaria queda en un segundo plano. También gana, en términos simbólicos, el relato de la autonomía universitaria amenazada, que moviliza apoyo social más allá de quienes efectivamente se benefician del esquema actual de financiamiento.

Pierden, o al menos no ven resuelto su problema de fondo, los estudiantes que no tienen voz directa en cómo se asigna el presupuesto que reciben las instituciones, y los contribuyentes que sostienen ese financiamiento sin mecanismo de control sobre su eficiencia. También queda relegada cualquier discusión sobre esquemas alternativos —financiamiento a la demanda, mayor autonomía financiera con rendición de cuentas, competencia entre instituciones— que podrían ofrecer una salida distinta a un conflicto que, tal como está planteado, se reduce a una disputa entre dos estructuras de poder centralizado: el Estado nacional y el bloque corporativo universitario.