Las tarifas de servicios públicos corrigen el atraso que dejó el control de precios

La agenda

Las tarifas de servicios públicos en el AMBA (electricidad, gas y agua) aumentaron un 56% interanual, superando por 23 puntos porcentuales a la inflación general del período medida en el mismo lapso. La aritmética simple que se desprende de ese dato —56% menos 23 puntos de diferencia— ubica la inflación general interanual en torno al nivel de referencia para el período que releva la nota de Perfil; es una elaboración propia a partir del dato publicado, no una cifra adicional provista por la fuente.

El desacople entre el costo de los servicios esenciales y el nivel general de precios golpea de manera directa el ingreso disponible de los hogares del AMBA, que destinan una porción creciente de su presupuesto mensual a pagar luz, gas y agua antes de llegar a cualquier otro consumo. La nota no precisa el detalle por tipo de servicio ni por nivel de subsidio segmentado, de modo que este análisis se limita a lo verificado: una suba de tarifas que corrió muy por encima del nivel general de precios en un año.

El análisis liberal

El primer error de lectura es tratar este el umbral de referencia como si fuera un fenómeno nuevo, autónomo, que el gobierno le “impuso” al bolsillo de la gente desde cero. No lo es. Es la liquidación tardía de una cuenta que se vino posponiendo desde hace años mediante el congelamiento y el control administrativo de precios regulados. Mises explica en La acción humana (1949, cap. XXX) que todo control de precios que fija un valor por debajo del que el mercado despejaría genera un faltante estructural: no elimina el costo real de producir el servicio, solo lo oculta y lo traslada —vía déficit fiscal, vía descapitalización de la red, vía subsidio cruzado— hacia otro lugar del sistema. Cuando ese traslado se vuelve insostenible, el precio reprimido salta de golpe. Lo que hoy se mide como “aumento del umbral de referencia” es, en gran medida, la salida abrupta de un precio que durante años estuvo contenido por decisión política antes que por una ecuación de costos real, y que tarde o temprano debía converger hacia su nivel de equilibrio.

Esa convergencia es dolorosa precisamente porque se demoró. Cuanto más tiempo se sostiene un precio regulado por debajo de su costo de reposición, mayor es el salto necesario para cerrar la brecha cuando el sostenimiento deja de ser viable. No hay forma indolora de corregir años de atraso tarifario: la factura, en algún momento, la paga alguien, ya sea el usuario vía tarifa plena o el conjunto de los contribuyentes vía impuestos que financian el subsidio. La diferencia entre ambos caminos no es si se paga, sino quién paga y con qué grado de transparencia.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en el corto plazo, los hogares del AMBA que ven caer su ingreso disponible mientras las tarifas corren por encima del nivel general de precios, sin que medie todavía una recomposición salarial equivalente. El golpe es más agudo para los sectores de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de su presupuesto a servicios básicos y tienen menos margen para absorber el ajuste.

Ganan, en un horizonte más largo, quienes se benefician de una red de servicios que deja de descapitalizarse por falta de inversión y de un esquema fiscal que deja de drenar recursos hacia subsidios generalizados y mal segmentados. También gana la transparencia del sistema de precios: un usuario que paga la tarifa real tiene información correcta para decidir cuánto consumir, algo que el precio artificialmente bajo nunca permitió. El desafío pendiente, que la nota no aborda, es si la corrección vino acompañada de una segmentación de subsidios que proteja a quien efectivamente lo necesita sin volver a distorsionar la señal de precios para el resto.