El transporte público pierde pasajeros y el servicio se deteriora en el país

La agenda

Página 12 instaló en la conversación pública un reporte sobre el deterioro del transporte público argentino, señalando una caída tanto en la calidad del servicio como en la cantidad de pasajeros transportados. La nota, tal como circuló, no precisó cifras concretas ni especificó qué modo de transporte —trenes, colectivos o subtes— concentra el mayor retroceso. Aun así, el tema reinstala un debate recurrente sobre el estado de la infraestructura de movilidad y su impacto directo en la vida cotidiana de millones de trabajadores y estudiantes que dependen de ella para llegar a sus destinos.

El análisis liberal

Desde una perspectiva liberal, el deterioro recurrente del transporte público argentino no puede desligarse de décadas de un esquema basado en subsidios estatales masivos y tarifas políticamente controladas, que distorsionan las señales de precios y desincentivan la inversión privada en mantenimiento y renovación de flotas. Cuando el Estado fija tarifas por debajo de los costos reales de operación y compensa la diferencia con subsidios discrecionales, el resultado estructural es previsible: menor calidad de servicio, unidades envejecidas y una creciente brecha entre lo que los usuarios pagan y lo que efectivamente reciben.

La caída en la cantidad de pasajeros, más allá de causas coyunturales, también puede leerse como síntoma de un sistema que no logra adaptarse a cambios en los patrones de movilidad ni competir en eficiencia con alternativas privadas, precisamente porque la intervención estatal elimina los incentivos para innovar. Una reforma orientada a transparentar tarifas, reducir la dependencia de subsidios indiscriminados y abrir espacio a la competencia privada en la prestación del servicio permitiría redirigir recursos hacia inversión real en infraestructura, en lugar de sostener un esquema que perpetúa el deterioro.

Quién gana y quién pierde

Pierden, en primer lugar, los usuarios cotidianos del transporte público: trabajadores y estudiantes que dependen de un servicio cada vez más degradado para sostener su rutina diaria. Pierde también la productividad agregada de la economía, al encarecerse indirectamente los tiempos de traslado y reducirse la confiabilidad del sistema.

Gana, en cambio, la inercia de un modelo de gestión estatal que evita rendir cuentas por resultados concretos, mientras el costo del deterioro se traslada silenciosamente a quienes menos opciones tienen para evitarlo. En el mediano plazo, también pierde la posibilidad de atraer inversión privada genuina en infraestructura de movilidad, mientras persista un esquema que privilegia el control político de las tarifas por sobre la sostenibilidad técnica y financiera del servicio.