El RIGI premia a Toyota y Vaca Muerta pero no abarata el resto del mercado

La agenda

Toyota confirmó que su proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contempla la producción de una pick-up híbrida y, en una segunda etapa, un SUV con la misma tecnología, según detalló El Cronista. El mismo medio señaló que este proyecto constituye la mayor inversión bajo el RIGI en la industria automotriz orientada a los llamados “vehículos del futuro”, consolidando un nuevo récord sectorial dentro del esquema.

En paralelo, Vaca Muerta adjudicó una serie de bloques de fracking a un grupo de operadores que incluye a lo que El Cronista describe como “el rey del fracking”, una multilatina en expansión y una petrolera nacional con trayectoria pionera en no convencionales. Los tres hechos comparten un denominador: capital que ingresa o se reasigna bajo un marco de excepción tributaria y regulatoria diseñado específicamente para proyectos de gran escala, y no bajo el régimen impositivo y cambiario que rige para el resto de la economía argentina.

El análisis liberal

El RIGI es, técnicamente, un régimen de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por treinta años para inversiones que superen un piso de magnitud, con alícuotas de Ganancias reducidas, amortización acelerada y acceso anticipado al mercado de cambios. Antes de evaluar sus efectos hay que nombrarlo con precisión: no es una desregulación general de la economía argentina, sino la creación de un régimen tributario paralelo, de ingreso condicionado, para quienes califican por escala de inversión. Esa distinción no es semántica: es el núcleo del análisis.

Desde la perspectiva de Public Choice, Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican que las reglas de decisión colectiva tienden a favorecer a quienes pueden organizarse para capturar beneficios concentrados, mientras los costos se diluyen entre contribuyentes dispersos. El RIGI encaja en ese patrón: Toyota y los consorcios de Vaca Muerta obtienen un tratamiento fiscal que ninguna pyme autopartista o productor petrolero de menor escala puede igualar, no porque sean menos eficientes, sino porque no alcanzan el umbral de inversión que habilita el régimen. Tullock, en Los costos de bienestar de aranceles, monopolios y robo (1967), llama a esto búsqueda de rentas: parte del esfuerzo empresario deja de dirigirse a producir mejor y se redirige a calificar para el privilegio estatal.

La literatura sobre captura regulatoria agrega una advertencia adicional: cuando el Estado diseña un esquema de excepción con umbrales de escala, tiende a terminar beneficiando de manera desproporcionada a los actores que ya cuentan con el capital y la capacidad de organización necesarios para cumplir esos requisitos. El resultado no es la apertura de la economía argentina a la inversión en general, sino la creación de un club reducido de beneficiarios dentro de un sistema que, para el resto, sigue siendo tan oneroso y volátil como antes.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en lo inmediato, Toyota y los consorcios adjudicatarios de los bloques de Vaca Muerta: acceden a estabilidad fiscal de largo plazo, menor carga impositiva relativa y condiciones cambiarias que ningún otro actor de sus mismos sectores puede obtener. También gana, en términos políticos, el gobierno que impulsa el régimen, porque puede exhibir anuncios de inversión de gran porte como evidencia de apertura económica, aun cuando el mecanismo utilizado sea selectivo.

Pierden, en cambio, los actores que compiten en los mismos mercados sin alcanzar el umbral de inversión exigido: pymes autopartistas, operadoras petroleras de menor escala y proveedores locales que deben sostener su actividad bajo el esquema tributario y cambiario general, más gravoso que el que disfrutan los beneficiarios del RIGI. También pierde, de manera más difusa, el contribuyente argentino, que financia indirectamente el costo fiscal de los beneficios otorgados sin participar de sus ventajas. El resultado neto no es una economía más abierta, sino una economía con dos regímenes paralelos: uno de privilegio para quienes califican, y otro, sin cambios sustanciales, para todos los demás.