Diputados vota fondos para discapacidad y deja intacto el modelo de oferta estatal

La agenda

La Cámara de Diputados avanzó con una holgada aprobación de un proyecto de fondos para discapacidad, en una sesión donde el oficialismo buscaba cerrar la votación con unanimidad, según consignó Ámbito. El consenso parlamentario amplio, poco frecuente en el recinto, fue presentado como una señal de respuesta institucional a un reclamo social que había tomado estado público en meses previos a través de marchas, pedidos de audiencia y denuncias de organizaciones de familias de personas con discapacidad.

El texto que circuló en el recinto se enmarca en la discusión histórica sobre el financiamiento del sistema de prestaciones vinculado al Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones no contributivas y los convenios con prestadores de servicios terapéuticos, educativos y de transporte especial. La nota de agenda no detalla el esquema de distribución de esos fondos ni el circuito administrativo por el que llegarán a sus destinatarios, un dato que no es menor para entender qué tipo de reforma se está votando en realidad.

El análisis liberal

El problema de fondo no es si el Estado debe o no destinar recursos a las personas con discapacidad, sino a través de qué mecanismo lo hace. El proyecto que avanzó en Diputados refuerza, una vez más, la lógica de financiamiento a la oferta: el dinero público va primero a prestadores, instituciones y convenios, y recién después, de manera indirecta, llega a la persona que necesita la prestación.

Esa arquitectura tiene consecuencias conocidas. Cuando el subsidio se dirige a la oferta y no a la demanda, el incentivo central de quien presta el servicio deja de ser la calidad percibida por el usuario y pasa a ser la relación con el Estado que paga: la gestión del convenio, la renovación del cupo, el vínculo con la burocracia que administra el fondo. La familia de la persona con discapacidad queda, en los hechos, como un tercero dentro de una relación que debería tenerla como protagonista.

Un esquema alternativo, centrado en la persona, permitiría que el financiamiento siga al individuo y no al prestador: que sea la familia quien elija el centro terapéutico, la escuela especial o el servicio de transporte, y que esa elección —no el convenio administrativo— sea la que discipline la calidad de la oferta mediante la posibilidad real de cambiar de proveedor. Nada de eso aparece discutido en el recinto. El consenso casi unánime no es garantía de buen diseño institucional; muchas veces es apenas la señal de que nadie quiso tocar los intereses ya instalados alrededor del sistema vigente.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, la red de prestadores y organizaciones que ya está integrada al sistema de convenios con el Estado, porque el proyecto consolida y probablemente amplía el esquema de financiamiento que les asegura un flujo de fondos sin exponerlos a la competencia directa por la elección de las familias. También gana el oficialismo, que capitaliza políticamente un consenso parlamentario amplio en un tema sensible, mostrando capacidad de gestión sin tener que enfrentar el debate más incómodo sobre el diseño del sistema.

Pierde, una vez más, la persona con discapacidad y su familia, que siguen sin tener la herramienta central para exigir calidad: la posibilidad de decidir con el propio financiamiento a qué prestador recurrir y de abandonar a aquel que no cumple. Pierde también cualquier prestador nuevo o innovador que quisiera competir por esas familias ofreciendo mejores servicios, porque el sistema de convenios tiende a privilegiar a quien ya está adentro por sobre quien podría entrar a disputar mercado con una propuesta superior. La discusión de fondo sobre financiar al individuo en lugar de sostener al aparato prestador queda, otra vez, para más adelante.