El retiro voluntario estatal no resuelve el problema de fondo del Estado

La agenda

El Gobierno fijó los requisitos para el retiro voluntario de empleados públicos, estableciendo el procedimiento administrativo que deberán seguir los agentes de la administración central que deseen acogerse al esquema, junto con el criterio de liquidación de la compensación correspondiente. La medida se inscribe en la política de reducción de la planta de personal estatal que la gestión viene implementando desde el inicio de su mandato.

Según la cobertura de TN, el esquema define tanto las condiciones de elegibilidad —antigüedad, situación de revista, cercanía a la edad jubilatoria— como el trámite administrativo a seguir y el monto que percibirá cada trabajador que decida acogerse voluntariamente a la desvinculación. La nota no detalla cifras agregadas de ahorro fiscal esperado ni la cantidad total de agentes alcanzados, de modo que este análisis se concentra en el mecanismo de incentivos que la medida pone en marcha, no en una proyección de impacto presupuestario que la fuente no provee.

El análisis liberal

Todo esquema de retiro voluntario en el sector público parte de una premisa que conviene explicitar antes de evaluarlo: el Estado no tiene manera de saber, puesto por puesto, cuál empleado agrega valor y cuál no. Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), explica que el mecanismo que permite a una organización descubrir dónde sobran o faltan recursos es el sistema de precios: la pérdida o la ganancia de una empresa privada le informa, con razonable precisión, si un puesto de trabajo se sostiene o no. La administración pública carece de esa señal. No vende nada en un mercado competitivo, no tiene cuenta de resultados comparable, y por lo tanto no puede distinguir entre el agente redundante y el agente indispensable salvo por criterios burocráticos ajenos a la productividad real. Un retiro voluntario, en ese contexto, no es un instrumento de asignación eficiente: es un corte a ciegas que depende de quién decide salir, no de quién debería salir.

Y ahí aparece el problema central: la selección adversa. Quien tiene mejores opciones fuera del Estado —formación, contactos, experiencia transferible al sector privado— es precisamente quien con mayor probabilidad tomará el retiro si la compensación le resulta atractiva. Quien no tiene alternativa de empleo afuera, en cambio, tiene todos los incentivos para quedarse, sea o no productivo en su puesto actual. El resultado esperado no es una planta estatal más eficiente, sino una planta más pequeña y, en el margen, de peor calidad relativa que la anterior. Esto no es un defecto de diseño de este esquema en particular: es un defecto estructural de cualquier reducción de personal que no se apoye en un criterio de mercado, porque el mercado es, precisamente, lo que el sector público no tiene.

Mises, en Burocracia (1944), distingue entre la “gestión lucrativa” propia de la empresa privada —donde el resultado contable disciplina la asignación de recursos humanos— y la “gestión burocrática”, que debe regirse por reglas y procedimientos precisamente porque no existe un indicador de éxito equivalente a la ganancia. Un retiro voluntario administrado con reglas de antigüedad y montos fijos es gestión burocrática en su forma más pura: reemplaza el criterio de productividad por el de elegibilidad reglamentaria. No hay forma de que ese criterio coincida, más que por azar, con el de “este puesto no agrega valor”.

Desde la perspectiva de la elección pública, el incentivo del gobierno de turno difiere del incentivo de un gestor privado que reduce personal. Buchanan y Wagner, en Democracia en déficit (1977), muestran que los gobiernos enfrentan presiones políticas que premian el gesto visible de “achicar el Estado” sin necesariamente alinear esa reducción con un criterio técnico de eficiencia del gasto. Un esquema de retiro voluntario es, en ese sentido, una señal política de austeridad fácil de anunciar y de mostrar, independientemente de si reduce o no el costo real de producir los servicios que el Estado todavía presta con el personal remanente.

Bastiat, en Lo que se ve y lo que no se ve (1850), ofrece la lente necesaria para cerrar el argumento. Lo que se ve es la planta de personal reducida y, eventualmente, el gasto salarial nominal más bajo. Lo que no se ve es el costo de reemplazar —muchas veces vía contratos o tercerización, a precios de mercado y sin la antigüedad amortizada— las funciones que quedaron vacantes tras la salida de quienes tenían mejores alternativas afuera. Un ahorro contable de corto plazo puede convertirse, en los hechos, en un gasto mayor de mediano plazo si el Estado necesita recontratar capacidades que acaba de dejar ir.

Conviene enumerar las lecturas rivales antes de descartar algunas. Una primera lectura, favorable al esquema desde el propio gobierno, sostiene que cualquier reducción de la planta estatal es una mejora neta porque el tamaño actual del Estado es, por definición, excesivo. Esa lectura resulta insuficiente: el tamaño de la planta no es, por sí mismo, el problema de fondo, sino la ausencia de un criterio que permita distinguir qué funciones estatales valen la pena sostener y cuáles no. Reducir personal sin ese criterio puede achicar el número de empleados sin mejorar la calidad ni el costo real de lo que el Estado efectivamente produce. Una segunda lectura, crítica del esquema desde posiciones estatistas, sostiene que cualquier reducción de personal público es dañina porque desfinancia servicios esenciales. Esta lectura tampoco resiste el análisis: supone que la planta actual es, en sí misma, la medida correcta de la capacidad estatal, cuando el argumento desarrollado aquí es, precisamente, que no existe manera de saberlo sin un mecanismo de precios que el sector público no posee. Ambas posiciones comparten el mismo error de fondo: dan por sentado que se puede evaluar el tamaño “correcto” del Estado sin resolver antes el problema del cálculo económico en ausencia de mercado.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo, los empleados públicos con mejores alternativas de empleo privado, que pueden tomar la compensación y reinsertarse rápidamente fuera del Estado. Gana también el gobierno en términos de comunicación política, al poder mostrar una reducción nominal de la planta estatal como gesto de austeridad. Pierden, potencialmente, los usuarios de los servicios públicos que quedan a cargo de una planta más pequeña pero no necesariamente más eficiente, si las funciones críticas terminan en manos de quienes no tenían alternativa de salida. Pierde también el fisco de mediano plazo si debe recontratar, vía contratos o tercerización, las capacidades que se fueron con quienes aceptaron el retiro. En definitiva, sin un criterio que vaya más allá de la antigüedad y la elegibilidad reglamentaria, el esquema redistribuye costos y beneficios sin garantizar que el Estado resultante sea más eficiente que el que existía antes de la medida.