El sobreseimiento en la causa Libra no cierra el costo reputacional ya pagado

La agenda

La Justicia sobreseyó a Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al resto de los imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, al sostener que no se probó la existencia de una estafa. La misma lectura del expediente fue confirmada por Minuto Uno, que detalla que el fallo alcanzó a Mauricio Novelli y a los demás nombres incluidos en la denuncia original. El Gobierno celebró la resolución: Javier Milei publicó en redes que “la verdad triunfa por sí misma” apenas se conoció la decisión judicial.

No todas las lecturas del fallo coinciden en su alcance. El Destape señaló que el sobreseimiento se produjo a pesar de los peritajes técnicos realizados sobre la operatoria del token, lo que anticipa que la discusión sobre la solidez probatoria del expediente seguirá abierta en el terreno político aunque esté cerrada en el terreno judicial. La causa había instalado, desde su inicio, un cuestionamiento sobre la cercanía del Presidente y su entorno con el lanzamiento del token, independientemente de cómo terminara resolviéndose en sede penal.

El análisis liberal

Desde una perspectiva liberal, conviene distinguir con claridad dos planos que la discusión pública suele mezclar. Uno es el plano judicial: la Justicia evaluó la evidencia disponible y concluyó que no existían elementos para sostener una estafa, lo cual cierra —al menos en esta instancia— la vía penal del caso. Otro plano, distinto y más difícil de saldar con un fallo, es el político y reputacional: la sola existencia de la causa, la exposición pública de funcionarios de primera línea en un emprendimiento cripto de alto riesgo y la posterior volatilidad del activo ya produjeron un costo que no se revierte con un sobreseimiento.

El liberalismo defiende la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, por lo que el fallo judicial debe tomarse como un dato relevante y no como una anécdota menor. Pero la misma tradición que exige rigor judicial exige también exigir estándares de prudencia a quienes ejercen la función pública: la participación, promoción o cercanía de funcionarios con proyectos de alto riesgo financiero genera una exposición reputacional que condiciona la confianza institucional, más allá de que no haya mediado delito. Separar ambos planos no es un ejercicio retórico: es la única manera de evaluar con honestidad intelectual qué queda resuelto y qué sigue pendiente después del fallo.

La controversia señalada por algunos medios sobre el alcance de los peritajes técnicos no invalida la resolución judicial, pero sí confirma que la discusión sobre la solidez del expediente continuará en el terreno de la opinión pública, donde los fallos no cierran debates por decreto.

Quién gana y quién pierde

Gana el Gobierno en el plano estrictamente judicial: el sobreseimiento despeja una incertidumbre legal que pesaba sobre el Presidente, su hermana y el resto de los imputados, y permite a la Casa Rosada presentar el fallo como una reivindicación pública.

Pierde, en cambio, la calidad institucional del debate cuando se pretende equiparar el cierre judicial con un cierre político total: la exposición de funcionarios públicos a un esquema cripto cuestionado ya dejó una marca en la percepción ciudadana que ninguna resolución judicial borra por sí sola. También queda en una posición incómoda la oposición que intentó capitalizar la causa como un escándalo de corrupción cerrado: el fallo le resta sustento a esa narrativa específica, aunque no necesariamente a la crítica más amplia sobre el manejo institucional del episodio.