La Rioja regula el celular escolar y reabre el debate sobre quién decide

La agenda

La provincia de La Rioja avanzó con una regulación sobre el uso de celulares en las aulas, con el objetivo declarado de ordenar la convivencia escolar y reducir la distracción durante las horas de clase. Según el relevamiento publicado por El Destape, la norma establece alcances específicos sobre cuándo y cómo los estudiantes pueden utilizar sus dispositivos dentro del establecimiento, y plantea desafíos de implementación que recaen sobre directivos, docentes y familias.

El mismo informe detalla que la medida busca uniformar criterios que hasta ahora quedaban librados a la decisión de cada escuela o incluso de cada docente frente al curso, reemplazando esa variedad de respuestas locales por un esquema provincial único. El debate que se abre no es menor: toca la relación entre el Estado educativo, la autoridad del aula y la patria potestad de la familia sobre cómo se forma la atención y la disciplina de un chico de carne y hueso.

El análisis liberal

El problema de fondo que motiva la norma es real y no conviene minimizarlo: el celular compite por el recurso más escaso que tiene un estudiante en el aula, que no es el tiempo sino la atención sostenida. Gary Becker, en Human Capital (1964), explica que la acumulación de capital humano depende de la inversión efectiva de tiempo y esfuerzo cognitivo en el aprendizaje; cualquier insumo que fragmente esa inversión reduce el retorno educativo del mismo número de horas de clase. Hasta aquí, el diagnóstico de que el uso irrestricto del celular erosiona el aprendizaje es compatible con la evidencia que cualquier liberal tomaría en serio.

El desacuerdo no está en el diagnóstico sino en el remedio. Lo que La Rioja ofrece es una norma uniforme emanada del Ministerio provincial, aplicable por igual a la escuela rural de pocos alumnos y al colegio técnico urbano con pronunciado integración tecnológica. Thomas Sowell, en Knowledge and Decisions (1980), advierte que el conocimiento relevante para resolver un problema concreto —en este caso, cómo gestionar la atención de un curso específico con una dinámica pedagógica propia— está disperso en el director, el docente y la familia de esa escuela puntual, no en el escritorio de un funcionario provincial. Una resolución única, diseñada para el promedio estadístico de las aulas riojanas, necesariamente ignora la información fina que cada comunidad educativa tiene sobre sus propios estudiantes.

Esta es la distinción entre financiar la oferta burocrática y financiar la demanda soberana que debe aplicarse con rigor: la norma no empodera a la familia para decidir el régimen de convivencia de la escuela que eligió, ni a la escuela para competir ofreciendo un modelo pedagógico propio frente a otra con un enfoque distinto. La decide el aparato administrativo central y la ejecuta la estructura escolar como receptora pasiva de un mandato. El monopolio estatal sobre la gestión escolar tiende, como argumento general del liberalismo clásico, a uniformar soluciones que un sistema educativo con escuelas que compiten por atraer familias resolvería con mayor variedad y mejor ajuste a las preferencias reales de cada comunidad.

James Buchanan y Gordon Tullock, en El cálculo del consenso (1962, cap. 10), ofrecen la lente de Public Choice necesaria para entender por qué la norma toma la forma de una resolución uniforme y no de un marco de autonomía escolar: es políticamente más barato para un ministerio anunciar una regla única y visible —“se prohíbe el celular en el aula”— que financiar o habilitar la experimentación descentralizada, cuyos resultados son más difusos y menos fotogénicos en el corto plazo. La centralización no responde necesariamente a mejor evidencia pedagógica, sino a la economía política de la visibilidad administrativa.

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América (1835-40, Vol. 2, Parte IV, cap. 6), describió con precisión el mecanismo del “despotismo blando”: un poder tutelar que no oprime con violencia, sino que regula minuciosamente cada aspecto de la vida cotidiana de los ciudadanos “para su propio bien”, hasta reducirlos a un rebaño de animales laboriosos cuyo pastor es el gobierno. Una norma provincial que decide, aula por aula, en qué momento exacto del día un adolescente puede o no usar su propio dispositivo, sin dejar margen a la escuela ni a la familia, encaja en esa descripción con incomodante exactitud.

PREDICCIÓN: si la norma se aplica de modo uniforme y sin mecanismos de adaptación escolar, hacia el cierre del ciclo lectivo 2027 los resultados de las pruebas Aprender en escuelas riojanas no mostrarán una mejora estadísticamente distinguible respecto del promedio nacional, porque el problema de fondo —el diseño de incentivos para sostener la atención— no se resuelve por decreto sino por la calidad del vínculo pedagógico en cada aula.

La explicación rival, en su versión más sólida, sostiene que sin una regla pareja el costo de coordinación entre familias, docentes y directivos sería prohibitivo: cada escuela tendría que negociar su propio régimen, generando arbitrariedad y reclamos. Es un argumento serio, pero confunde la necesidad de un marco de referencia con la necesidad de una imposición única. Robert Lucas, en On the Mechanics of Economic Development (1988), subraya que el capital humano se acumula de forma heterogénea según el contexto y el capital humano previo de cada comunidad; de ahí que una regla que funcione en un colegio céntrico con alta conectividad puede ser contraproducente en una escuela rural donde el celular es, además, la única vía de contacto familiar en una zona sin otra infraestructura de comunicación.

Quién gana y quién pierde

Gana, en el corto plazo, el Ministerio de Educación provincial, que exhibe una medida de bajo costo fiscal y alta visibilidad pública frente a una demanda social genuina de poner límites a la distracción digital en el aula. Gana también el discurso político que puede mostrar “orden” sin haber invertido en la variable que realmente determina el aprendizaje: la calidad del vínculo pedagógico en cada aula concreta.

Pierde, en cambio, la escuela rural que conocía mejor que nadie las particularidades de su propia comunidad y ahora debe ajustarse a un molde pensado para el promedio provincial. Pierde también la familia que veía en el celular una herramienta legítima de contacto en contextos sin otra infraestructura de comunicación, y que ahora queda subordinada a una resolución que no consultó su situación específica. Y pierde, sobre todo, la experimentación pedagógica descentralizada que podría haber mostrado, con el tiempo, qué soluciones funcionan mejor para cada tipo de aula, en lugar de imponer una respuesta única antes de haber probado ninguna.