El salario mínimo sube por resolución y no por productividad real

La agenda

El Gobierno nacional dispuso, a través de la Resolución 4/2026, un nuevo incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que regirá a partir de noviembre de 2026, con escalas diferenciadas para trabajadores mensualizados y jornalizados, según detalla Cronista.

El mecanismo no es nuevo: el Consejo del Salario, Productividad y Empleo Móvil —el organismo tripartito previsto por la Ley de Contrato de Trabajo— fija por resolución administrativa un piso salarial nominal que, según la misma fuente, vuelve a actualizarse para noviembre tanto para quienes cobran por mes como para quienes cobran por jornada o por hora. El SMVM no solo define el ingreso de referencia del trabajador formal de menor calificación: también opera como ancla de otros beneficios sociales, multas laborales y aportes, lo que multiplica su impacto más allá del universo de quienes efectivamente lo perciben.

El análisis liberal

El salario mínimo es, en su diseño técnico, un precio mínimo legal sobre un factor de producción: el trabajo. Mises explica en La acción humana (1949, cap. XXX) que toda interferencia estatal con la estructura de precios que fija un piso por encima del que surgiría del acuerdo voluntario entre las partes genera, inevitablemente, un excedente de oferta sobre demanda: en el mercado laboral, eso se traduce en desempleo o en no-contratación de quienes su productividad marginal no alcanza a cubrir el nuevo piso. La resolución no cambia cuánto produce un repositor, un aprendiz de taller o un cadete recién incorporado: cambia cuánto cuesta legalmente contratarlo.

Ese desajuste golpea con especial dureza a quienes todavía no acumularon capital humano. Gary Becker, en Human Capital (1964), sostiene que el trabajador de baja calificación negocia su primer empleo no solo por el salario de bolsillo, sino por la experiencia, la disciplina y las destrezas que esa posición le permite capitalizar a futuro. Cuando el Estado fija por decreto un piso salarial que excede el valor que el mercado le asigna a esa productividad inicial, el empleador racional no paga la diferencia de su bolsillo: directamente no abre la vacante, o la informaliza. El joven sin trayectoria pierde la puerta de entrada al circuito formal, que es precisamente donde se acumula el historial laboral que después permite negociar mejores condiciones.

Thomas Sowell, en Knowledge and Decisions (1980), agrega una dimensión central: el conocimiento sobre cuánto vale realmente una hora de trabajo de una persona concreta —con su historial, su zona, su rubro, su nivel de formación— está disperso en millones de negociaciones particulares entre empleador y empleado. Ningún Consejo tripartito, por representativo que sea en su composición formal, puede replicar esa información descentralizada con una cifra única aplicada de modo uniforme a todo el país, desde un taller metalúrgico del conurbano hasta un comercio de una provincia con estructura de costos completamente distinta.

Desde Public Choice, Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) ofrecen la central para entender por qué el Consejo del Salario rara vez concluye en un número consensuado entre las partes: la mesa está compuesta por sindicatos que representan a trabajadores ya empleados en el sector formal —cuyo interés es maximizar el ingreso nominal propio— y por cámaras empresarias que negocian con la vista puesta en sus afiliados de mayor escala, capaces de absorber el costo. El gran ausente de esa mesa es el trabajador informal o desempleado que todavía no tiene representación gremial: es él quien paga el costo de un piso que no puede franquear.

Rothbard, en Poder y mercado (1970, cap. 4), extiende el argumento: cualquier intervención que fija un precio por decreto en lugar de dejarlo emerger del intercambio voluntario desplaza recursos —en este caso, empleo potencial— hacia el sector no regulado, es decir, hacia la informalidad. El trabajador que no consigue empleo formal al nuevo piso no desaparece de la economía: migra al trabajo en negro, sin aportes, sin obra social, sin protección alguna, exactamente la situación que el SMVM dice combatir.

La lectura rival, la que sostiene el propio Ministerio y los sindicatos que acompañan la resolución, argumenta que el ajuste busca recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación y que sin un piso legal el mercado laboral tendería a pagar salarios de subsistencia a los trabajadores con menor poder de negociación individual. Es el argumento más sólido de la posición estatista y merece tomarse en serio: la asimetría de información y de poder de negociación entre un trabajador individual y una empresa grande es real. Pero esa asimetría no se resuelve fijando un número único para todo el país por decreto administrativo: se resuelve con más oferta de empleadores compitiendo por esa mano de obra, lo cual requiere menos barreras de entrada al mercado formal —cargas laborales más livianas, menor costo de despido, simplificación registral— y no un piso nominal que, precisamente, reduce la cantidad de empleadores dispuestos a competir por ese trabajador.

PREDICCIÓN: si el nuevo piso del SMVM dispuesto por la Resolución 4/2026 se ubica por encima de la inflación acumulada proyectada para el bimestre octubre-noviembre, la tasa de informalidad laboral en el segmento de trabajadores de baja calificación (medida por el INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares del primer trimestre de 2027) debería mostrar un incremento o, como mínimo, no reducirse respecto del trimestre previo a la resolución. Plazo de contraste: publicación de la EPH del primer trimestre de 2027, prevista para mayo de 2027.

Quién gana y quién pierde

Ganan, en el corto plazo y de manera visible, los trabajadores mensualizados y jornalizados que ya están dentro del circuito formal y que ven actualizado su ingreso nominal de referencia sin perder el empleo que ya tienen asegurado: son quienes negociaron su lugar en la mesa a través de sus representantes gremiales. También gana el propio Consejo del Salario como institución, que renueva su relevancia política cada v