Cuba prioriza el marxismo-leninismo sobre la farmacología en la carrera de Medicina

La agenda

Un reportaje de Infobae revela que en la carrera de Medicina en Cuba el peso curricular del adoctrinamiento político —materias de corte ideológico ligadas al marxismo-leninismo y a la historia de la revolución— supera al de contenidos técnicos centrales como la farmacología. La denuncia proviene de testimonios de estudiantes y egresados del sistema de salud cubano, que describen un plan de estudios donde la lealtad política al proceso revolucionario funciona como requisito de permanencia y promoción, al mismo nivel o por encima del dominio de las ciencias básicas de la medicina.

El dato importa más allá de la anécdota cubana. Cuba exporta su sistema de “medicina internacionalista” como modelo de prestigio sanitario regional, y buena parte del relato oficial sobre la isla se sostiene en la idea de una formación médica de excelencia técnica al servicio del pueblo. Lo que describe la nota de Infobae es lo opuesto: un currículum donde la función del médico se redefine primero como agente político del Estado y después, en segundo plano, como técnico capacitado para diagnosticar y prescribir. Para un país que debate en estos años la autonomía universitaria y el diseño curricular de sus propias carreras de grado, el caso cubano funciona como advertencia sobre qué ocurre cuando la política captura la función de certificación profesional.

El análisis liberal

La teoría del capital humano arranca de una premisa simple: estudiar medicina es una inversión, no un gasto. Gary Becker en Human Capital (1964) describe la educación superior como la acumulación de destrezas específicas que elevan la productividad futura del individuo y, en el caso de las profesiones de servicio directo a las personas, la calidad de vida de terceros. Esa inversión tiene un costo de oportunidad medible: años de juventud, esfuerzo cognitivo y renuncia a ingresos inmediatos, apostados a cambio de una competencia técnica que el mercado —o, en su defecto, el paciente concreto— va a remunerar o a castigar según su utilidad real. Cuando el currículum desplaza horas de farmacología por horas de formación político-ideológica, lo que se está haciendo es desviar esa inversión hacia un activo que no mejora la capacidad de diagnosticar ni de prescribir: mejora, en todo caso, la empleabilidad política del egresado dentro del aparato del Estado.

Robert Lucas, en On the Mechanics of Economic Development (1988), muestra que el crecimiento sostenido de una economía depende de la acumulación de capital humano con externalidades positivas: el conocimiento técnico de un médico mejora no solo su propio ingreso sino la salud de la comunidad que lo rodea, en un efecto derrame que ningún plan quinquenal reemplaza. Un sistema que resta horas de ciencia dura para sumar horas de doctrina no está simplemente eligiendo un énfasis distinto: está reduciendo el stock de capital humano técnico que la sociedad cubana podría acumular, con el agravante de que ese déficit se transmite directamente a la cama del paciente.

El mecanismo de fondo es la ausencia de mercado. Mises explica en La acción humana (1949, cap. XXVI) que sin precios libres no hay cálculo económico racional porque no existe una señal que permita comparar el valor relativo de los recursos empleados. Aplicado a la educación médica cubana: no hay universidades compitiendo por prestigio profesional, no hay empleadores privados pagando diferencial salarial por pericia clínica, no hay pacientes eligiendo médico con su propio bolsillo. El único comprador de la formación médica es el Estado, y el único precio que paga es la lealtad política. En ausencia de esa señal de mercado, no sorprende que el currículum migre hacia lo que el comprador monopólico valora —la fidelidad ideológica— y no hacia lo que valoraría un paciente libre de elegir: la competencia técnica.

Hayek, en El uso del conocimiento en la sociedad (1945), agrega la dimensión epistémica: el conocimiento médico relevante —cómo responde este paciente a esta dosis, qué efecto adverso hay que vigilar— es disperso, local y cambia con la evidencia clínica. Ningún comité central de currícula, por mejor intencionado que sea, puede sustituir la actualización descentralizada que exige la farmacología moderna. Cuando ese comité además tiene como función prioritaria reproducir un relato político, la distancia entre el programa de estudios y el conocimiento que el paciente necesita se ensancha estructuralmente.

Desde la economía de la elección pública, Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso (1962, cap. 10) explican por qué ocurre esto sin que nadie lo decida como un complot: las instituciones educativas controladas por un aparato político único no responden a la demanda difusa de pacientes y familias, sino a la demanda concentrada del poder que las financia y las certifica. El rector, el decano, el tribunal de grado: todos enfrentan el incentivo de premiar lo que el poder central valora, porque de ahí depende su carrera, no la del paciente anónimo que atenderá el futuro médico. Es la lógica de captura regulatoria aplicada a la universidad: el regulador —el Partido— termina diseñando el currículum en su propio beneficio político, no en beneficio del usuario del sistema de salud.

La lectura rival, la que sostienen los defensores del modelo cubano, argumenta que la formación “integral” del médico revolucionario —comprometido con su pueblo y no con el lucro— produce profesionales más dispuestos a trabajar en zonas rurales o en misiones internacionales, lo cual sería en sí mismo un bien social superior a la pericia técnica aislada. El argumento tiene una debilidad decisiva: un médico dispuesto a ir a cualquier parte pero sin el dominio actualizado de la farmacología no resuelve el problema de salud que encuentra al llegar. La disposición política a servir no sustituye la capacidad técnica de curar; en el mejor de los casos la complementa, y en el peor la reemplaza con el riesgo de que el compromiso ideológico encubra una formación deficiente que nadie, dentro de ese sistema, tiene incentivos para señalar.

Quién gana y quién pierde

Gana, en primer lugar, el aparato político que certifica a los médicos: un currículum donde la lealtad revolucionaria pesa tanto o más que la pericia clínica asegura cuadros profesionales disciplinados y dependientes del Estado para su carrera y su reputación. Gana también la diplomacia cubana, que exporta “misiones médicas” como instrumento de influencia internacional y de ingreso de divisas, sin que la calidad técnica real del personal enviado quede sujeta a un escrutinio independiente.

Pierde, en el otro extremo, el paciente cubano, que depende de un médico formado en un sistema donde el dominio de la farmacología compite en desventaja curricular con la historia de la revolución. Pierde también el propio estudiante de medicina, cuya inversión de años de juventud y esfuerzo se canaliza hacia un activo —la lealtad política— que no es transferible fuera del aparato que lo certifica, y que no necesariamente mejora su empleabilidad ni su competencia en un entorno donde pudiera ejercer con autonomía profesional. Y pierde, a mediano plazo, el propio prestigio sanitario cubano, en la medida en que la brecha entre el relato oficial de excelencia médica y la evidencia de un currículum capturado por la doctrina se vuelva más difícil de disimular.